Al celebrar cada 2 de diciembre el Día de la Dignidad Funcionaria, AFIICH y los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos hacemos expresión pública de uno de los tesoros más preciados del ser humano: el derecho a ser valorados personal y profesionalmente por la comunidad en que nos desempeñamos a diario.
Sin embargo, y a pesar de ser éste un derecho inalienable, hay ocasiones en que la autoridad – ya sea gubernamental o institucional -, no reconoce de forma espontánea y natural la dignidad de quienes hacemos un cotidiano aporte al crecimiento del país. En aquellas ocasiones, el valor y compromiso de los trabajadores es puesto a prueba, al verse obligados a asumir luchas de reivindicación laboral y llevar sus demandas de respeto y trato justo ante todas las instancias que sean necesarias.
Y sin duda que desde el punto de vista de la historia del sindicalismo de los funcionarios públicos, el movimiento de diciembre de 1992 marcó un hito. Porque después de 16 años de gobierno militar, el temor aún encadenaba y enmohecía la acción gremial y la protesta legítima de muchos. Sin embargo, este temor no sometió a los funcionarios del SII ni a sus gremios, para quienes la opción de volcarse a las calles y manifestar responsable y pacíficamente, incluso frente al Palacio de Gobierno, constituía - y constituye - una legítima forma de reivindicación de nuestras justas demandas laborales.
¿Y cuál es la historia de este movimiento de 1992?
El movimiento de diciembre comenzó a gestarse durante muchos meses. El primer aviso que recibieron las autoridades – y al cual no dieron la debida importancia –ocurrió el 21 de agosto de ese año, cuando se realizó un paro de brazos caídos de una hora de duración. El motivo inmediato: el clamor por una Asignación de Prohibiciones.
A ello, habría de sumarse a partir de octubre una de las más sentidas demandas funcionarias: el profundo malestar por un proceso de calificaciones que en su momento fue reconocido, prácticamente en forma unánime, como “discriminatorio, injusto y parcial” y que el propio subsecretario de Hacienda de la época, reconoció el 5 de diciembre de 1992 como “un error”.
A tal grado fue el desconcierto, que en su momento las precalificaciones marcaban la tendencia a calificar al personal en todas las listas, incluyendo la de Eliminación (N°4) y de Condicional (N°3), concentrándose el mayor porcentaje en la lista número dos. Situación inaceptable, porque era la primera calificación, después de muchos años en la Administración Pública. El Decreto no sólo tenía aplicación retroactiva (Publicado el 29 de septiembre de 1992, calificaba el periodo entre el 1 de septiembre del ’91 al 31 de agosto de 1992) sino que además los evaluadores no estaban capacitados para su cometido.
Tras la movilización del 21 de agosto, se sucedieron las conversaciones con las autoridades y las asambleas gremiales. El 4 de septiembre se tuvo la sensación de que era posible ver la luz al final del túnel por el cual había transitado el personal de Impuestos Internos, al recibir el compromiso del subsecretario de Hacienda de estudiar en profundidad la asignación de prohibiciones. Sin embargo, este compromiso no tardaría en ser desconocido por Hacienda y Presupuesto, al declarar las autoridades ministeriales la inviabilidad de dicha demanda funcionaria.
Los días 29 y 30 de octubre de aquel año, AFIICH celebra su Asamblea General Ordinaria, sintetizando en dicha instancia el estado de ánimo de sus miembros, en la siguiente plataforma de peticiones:
1.- Mejoramiento del Sistema de Calificaciones.
2.- Asignación de Prohibiciones del 30 por ciento de las remuneraciones;
3.- Recuperación de los bienios; y
4.- Mejoramiento de la infraestructura para darle un mejor servicio a los contribuyentes.
El 26 de noviembre, AFIICH firma un acuerdo marco con el gremio de ANEII (actual ANEIICH) para luchar en conjunto por la conquista de estas demandas.
Fruto de este ánimo de avanzar hacia soluciones reales para los problemas del SII., el 2 de diciembre, en una demostración de fuerza que toma por sorpresa a las autoridades, cerca de 2.000 funcionarios realizan un alto en sus labores, que culmina a las tres de la tarde.
Luego, ese mismo día, ante la escasa reacción de las autoridades del Servicio, el ministro de Hacienda de la época, Alejandro Foxley, recibe a partir de las 19:30 y hasta las 21:00 horas a los dirigentes.
En un ambiente de creciente efervescencia, se llega al 14 de diciembre, cuando las autoridades de Hacienda anuncian su virtual rechazó a las tan ansiadas asignaciones, limitándose a ofrecimientos no definidos claramente y muy lejanos a las demandas de los funcionarios. Esta fue la gota que colmó el vaso. Basta pensar que en diez años los sueldos pagados por el SII habían perdido un 40 por ciento de su poder adquisitivo.
La noticia del rechazo de la autoridad de Hacienda se difunde como la llama en un reguero de pólvora. El día 15, la sede de AFIICH recibe las resoluciones de las asambleas de todo el país, con un mandato imperioso de las bases: la movilización debe reanudarse de inmediato.
El 16 de diciembre, a las 8:30 de la mañana, se celebran asambleas generales regionales y apenas una hora más tarde, los funcionarios del SII están movilizados de Arica a Punta Arenas. Ese mediodía, por primera vez en el desarrollo de esta movilización, resuenan los gritos de protesta ante la Dirección Nacional.
El lunes 21 se inicia una de las grandes jornadas en esta batalla por la dignidad funcionaria. Los fiscalizadores a contrata de las regionales Sur y Poniente son obligados a presentarse ese día en la Central Metropolitana de Timbraje. Parte del gremio se reúne entonces en la calle, frente a las oficinas de la llamada CTM, para brindarles su apoyo. Adentro, estos fiscalizadores, soportando todo tipo de presiones, que llegan incluso a vergonzosos encierros, permanecen valientemente sin trabajar. Su actitud indica a las autoridades internas y a las de Hacienda la extraordinaria firmeza que sustenta la movilización, la cual había sido tratada de desacreditar hasta entonces con expresiones como las del ministro Foxley, que hablaba de “inexperiencia de los dirigentes”.
Ese mismo lunes 21 – indudablemente el punto culminante de estas jornadas de lucha – se marcha hacia La Moneda, donde los dirigentes entregan una carta al presidente de la República, en ese entonces Patricio Aylwin Azócar.
El martes 22 y el miércoles 23, las protestas se suceden a lo largo de todo el país, y en la Región Metroplitana se concentran en la CMT y en la Plaza de la Constitución. La tarde de ese último día, y tras estas extraordinarias demostraciones de fuerza y compromiso de los funcionarios de todo Chile, los gremios llegan a un acuerdo con la autoridad, con la intervención del presidente del Partido Socialista Germán Correa y el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Manuel Bustos, además de la interlocución del presidente en ejercicio de ANEF, José Fuentes Guerra. Junto a ello, se contaba con la garantía de los en aquel entonces senadores democratacristianos Jorge Lavanderos y Andrés Zaldivar y de la diputada socialista Adriana Muñoz, quienes en reuniones sostenidas con los dirigentes gremiales, actuaban como una comisión garante de los acuerdos con el Gobierno.
De este modo concluía la batalla por la dignidad por la dignidad funcionaria de diciembre de 1992, tras 6 días de paralización total, dando paso a importantes mejoras estructurales y económicas para los funcionarios del SII – como la asignación de antigüedad bajo el sistema de bienios, el establecimiento de plantas mejor estructuradas y el incremento en los ingresos de los asociados equivalente a un grado -, y abriendo el camino para futuras luchas y nuevas conquistas.
En homenaje a esta movilización precursora de 1992, a los hombres y mujeres que tomaron parte en esta histórica lucha y también a todos quienes ejercen actualmente su valiosa labor pública, es que AFIICH determinó instaurar, en el Consultivo de noviembre de1993, el “Día de la Dignidad Funcionaria”, estableciendo como fecha de conmemoración el 2 de diciembre de cada año.
DIRECTIVA NACIONAL AFIICH
Diciembre, 2006
Sin embargo, y a pesar de ser éste un derecho inalienable, hay ocasiones en que la autoridad – ya sea gubernamental o institucional -, no reconoce de forma espontánea y natural la dignidad de quienes hacemos un cotidiano aporte al crecimiento del país. En aquellas ocasiones, el valor y compromiso de los trabajadores es puesto a prueba, al verse obligados a asumir luchas de reivindicación laboral y llevar sus demandas de respeto y trato justo ante todas las instancias que sean necesarias.
Y sin duda que desde el punto de vista de la historia del sindicalismo de los funcionarios públicos, el movimiento de diciembre de 1992 marcó un hito. Porque después de 16 años de gobierno militar, el temor aún encadenaba y enmohecía la acción gremial y la protesta legítima de muchos. Sin embargo, este temor no sometió a los funcionarios del SII ni a sus gremios, para quienes la opción de volcarse a las calles y manifestar responsable y pacíficamente, incluso frente al Palacio de Gobierno, constituía - y constituye - una legítima forma de reivindicación de nuestras justas demandas laborales.
¿Y cuál es la historia de este movimiento de 1992?
El movimiento de diciembre comenzó a gestarse durante muchos meses. El primer aviso que recibieron las autoridades – y al cual no dieron la debida importancia –ocurrió el 21 de agosto de ese año, cuando se realizó un paro de brazos caídos de una hora de duración. El motivo inmediato: el clamor por una Asignación de Prohibiciones.
A ello, habría de sumarse a partir de octubre una de las más sentidas demandas funcionarias: el profundo malestar por un proceso de calificaciones que en su momento fue reconocido, prácticamente en forma unánime, como “discriminatorio, injusto y parcial” y que el propio subsecretario de Hacienda de la época, reconoció el 5 de diciembre de 1992 como “un error”.
A tal grado fue el desconcierto, que en su momento las precalificaciones marcaban la tendencia a calificar al personal en todas las listas, incluyendo la de Eliminación (N°4) y de Condicional (N°3), concentrándose el mayor porcentaje en la lista número dos. Situación inaceptable, porque era la primera calificación, después de muchos años en la Administración Pública. El Decreto no sólo tenía aplicación retroactiva (Publicado el 29 de septiembre de 1992, calificaba el periodo entre el 1 de septiembre del ’91 al 31 de agosto de 1992) sino que además los evaluadores no estaban capacitados para su cometido.
Tras la movilización del 21 de agosto, se sucedieron las conversaciones con las autoridades y las asambleas gremiales. El 4 de septiembre se tuvo la sensación de que era posible ver la luz al final del túnel por el cual había transitado el personal de Impuestos Internos, al recibir el compromiso del subsecretario de Hacienda de estudiar en profundidad la asignación de prohibiciones. Sin embargo, este compromiso no tardaría en ser desconocido por Hacienda y Presupuesto, al declarar las autoridades ministeriales la inviabilidad de dicha demanda funcionaria.
Los días 29 y 30 de octubre de aquel año, AFIICH celebra su Asamblea General Ordinaria, sintetizando en dicha instancia el estado de ánimo de sus miembros, en la siguiente plataforma de peticiones:
1.- Mejoramiento del Sistema de Calificaciones.
2.- Asignación de Prohibiciones del 30 por ciento de las remuneraciones;
3.- Recuperación de los bienios; y
4.- Mejoramiento de la infraestructura para darle un mejor servicio a los contribuyentes.
El 26 de noviembre, AFIICH firma un acuerdo marco con el gremio de ANEII (actual ANEIICH) para luchar en conjunto por la conquista de estas demandas.
Fruto de este ánimo de avanzar hacia soluciones reales para los problemas del SII., el 2 de diciembre, en una demostración de fuerza que toma por sorpresa a las autoridades, cerca de 2.000 funcionarios realizan un alto en sus labores, que culmina a las tres de la tarde.
Luego, ese mismo día, ante la escasa reacción de las autoridades del Servicio, el ministro de Hacienda de la época, Alejandro Foxley, recibe a partir de las 19:30 y hasta las 21:00 horas a los dirigentes.
En un ambiente de creciente efervescencia, se llega al 14 de diciembre, cuando las autoridades de Hacienda anuncian su virtual rechazó a las tan ansiadas asignaciones, limitándose a ofrecimientos no definidos claramente y muy lejanos a las demandas de los funcionarios. Esta fue la gota que colmó el vaso. Basta pensar que en diez años los sueldos pagados por el SII habían perdido un 40 por ciento de su poder adquisitivo.
La noticia del rechazo de la autoridad de Hacienda se difunde como la llama en un reguero de pólvora. El día 15, la sede de AFIICH recibe las resoluciones de las asambleas de todo el país, con un mandato imperioso de las bases: la movilización debe reanudarse de inmediato.
El 16 de diciembre, a las 8:30 de la mañana, se celebran asambleas generales regionales y apenas una hora más tarde, los funcionarios del SII están movilizados de Arica a Punta Arenas. Ese mediodía, por primera vez en el desarrollo de esta movilización, resuenan los gritos de protesta ante la Dirección Nacional.
El lunes 21 se inicia una de las grandes jornadas en esta batalla por la dignidad funcionaria. Los fiscalizadores a contrata de las regionales Sur y Poniente son obligados a presentarse ese día en la Central Metropolitana de Timbraje. Parte del gremio se reúne entonces en la calle, frente a las oficinas de la llamada CTM, para brindarles su apoyo. Adentro, estos fiscalizadores, soportando todo tipo de presiones, que llegan incluso a vergonzosos encierros, permanecen valientemente sin trabajar. Su actitud indica a las autoridades internas y a las de Hacienda la extraordinaria firmeza que sustenta la movilización, la cual había sido tratada de desacreditar hasta entonces con expresiones como las del ministro Foxley, que hablaba de “inexperiencia de los dirigentes”.
Ese mismo lunes 21 – indudablemente el punto culminante de estas jornadas de lucha – se marcha hacia La Moneda, donde los dirigentes entregan una carta al presidente de la República, en ese entonces Patricio Aylwin Azócar.
El martes 22 y el miércoles 23, las protestas se suceden a lo largo de todo el país, y en la Región Metroplitana se concentran en la CMT y en la Plaza de la Constitución. La tarde de ese último día, y tras estas extraordinarias demostraciones de fuerza y compromiso de los funcionarios de todo Chile, los gremios llegan a un acuerdo con la autoridad, con la intervención del presidente del Partido Socialista Germán Correa y el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Manuel Bustos, además de la interlocución del presidente en ejercicio de ANEF, José Fuentes Guerra. Junto a ello, se contaba con la garantía de los en aquel entonces senadores democratacristianos Jorge Lavanderos y Andrés Zaldivar y de la diputada socialista Adriana Muñoz, quienes en reuniones sostenidas con los dirigentes gremiales, actuaban como una comisión garante de los acuerdos con el Gobierno.
De este modo concluía la batalla por la dignidad por la dignidad funcionaria de diciembre de 1992, tras 6 días de paralización total, dando paso a importantes mejoras estructurales y económicas para los funcionarios del SII – como la asignación de antigüedad bajo el sistema de bienios, el establecimiento de plantas mejor estructuradas y el incremento en los ingresos de los asociados equivalente a un grado -, y abriendo el camino para futuras luchas y nuevas conquistas.
En homenaje a esta movilización precursora de 1992, a los hombres y mujeres que tomaron parte en esta histórica lucha y también a todos quienes ejercen actualmente su valiosa labor pública, es que AFIICH determinó instaurar, en el Consultivo de noviembre de1993, el “Día de la Dignidad Funcionaria”, estableciendo como fecha de conmemoración el 2 de diciembre de cada año.
DIRECTIVA NACIONAL AFIICH
Diciembre, 2006
